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Condenan a Corpouraba pagar $450 millones de pesos

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Marta Cecilia Madrid Roldán Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad de Medellín, confirmó el fallo de segunda instancia, según sentencia N° 288 /2016 del veinticuatro (24) de noviembre que obliga a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá Corpouraba, pagar la suma de por lo menos $ 450 millones de pesos y reintegrar a sus labores al biólogo Raúl Jaime Marín Zuluaga.

Detrimento patrimonial

De lo anterior se desprende, un posible detrimento patrimonial que podría terminar en una demanda por “acción de repetición” en contra del ex director Gabriel Alonso Ceballos Echeverri, teniendo como base un concepto de la Sala Tercera del Consejo de Estado emitido el 21 de abril de 2016, a través del estudio jurisprudencial del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo y de la Ley 678 del 2011, que dice que dicha “acción tiene como propósito el reintegro de los dineros por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exservidor público e incluso del particular investido de una función pública”.

Los hechos

La sentencia, documenta que Raúl Marín Zuluaga fue vinculado en periodo de prueba para laborar en dicha entidad desde el “cinco (5) de junio de 2012, hasta el cinco de diciembre del mismo año, y de acuerdo al artículo 31 de la Ley 909 del 2004, fue calificado por sus servicios el día diez (10) de enero de 2013, obteniendo un resultado final “INSATISFACTORIO”, al habérsele otorgado en la calificación definitiva el cincuenta y cinco por ciento (55%), que corresponden a cada compromiso laboral pactado”.

Le correspondió la evaluación a La doctora Vanesa Paredes y a Juan Fernando Gómez, pero de acuerdo al fallo del 24 de noviembre, “existe una manifiesta contrariedad entre el juicio de valor exteriorizado por la funcionaria calificadora, consignado en el acto de evaluación de servicios, y las pruebas que obran en el proceso, puesto que no se hizo observando los principios de equidad, justicia, objetividad, imparcialidad e integralidad”.
Concluye la sentencia “que los actos administrativos demandados infringieron normas superiores y legales, por lo cual no se logra comprobar la legalidad del acto administrativo que declaro insubsistente al actor”.

Así mismo, aclara el documento que “ la evaluación realizada por la entidad, como se pudo comprobar, no tuvo en cuenta de manera global y objetiva todos los resultados de las actividades e informes realizados por el actor, si no que la evaluadora basó su decisión únicamente en unos cuantos informes de un periodo específico, de los muchos que fueron entregados por el demandante, y precisamente en los informes escogidos se le habían hecho algunas correcciones; además tuvo en cuenta una queja presentada por un usuario, teniendo en cuenta que dentro de los criterios que se establecieron para la evaluación del señor Marín, no se estipulo como punto el factor disciplinario; ni tampoco se pudo haber tenido como criterio de calificación la cantidad de trabajo, puesto que en los compromisos no se fijó un número determinado de informes que debiera rendir el funcionario, esto debido a que en los compromisos no se establecieron unos objetivos específicos que permitieran determinar de manera objetiva los aspectos a tener en cuenta para la evaluación”.

Se encuentra en curso también la demanda instaurada por la ex funcionaria Gilma Martínez que sumada a la presente, tendrían un valor cercano a los $ 800 millones de pesos.

Las pruebas

Agregado a esto, “encuentra la Sala que efectivamente Raúl Jaime Marín Zuluaga, hizo un esfuerzo por lograr un mejor acoplamiento al cargo y por realizar los informes como le eran reclamados continua-mente por parte de la evaluadora Vanesa Paredes, como se puede ver en el acta de reunión sobre el avance de periodo.

En consecuencia, esta Sala confirmará la decisión proferida el doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Turbo, a la vez que remite la documentación del fallo en primera instancia”.

El pronunciamiento de Corpouraba

Una vez conocida la sentencia por parte de CORPOURABA se adelantaron las gestiones necesarias tendientes a dar cumplimiento al fallo en mención, es por lo que mediante Resolución No. 100-03-30-99-1850-2016 del 28 de diciembre de 2016 se procedió a dar cumplimiento al fallo, ordenando el reintegro del señor MARIN ZULUAGA, vinculándose a la planta globalizada de la Corporación el día 5 de enero de 2017.

De igual forma, se encuentra la Corporación liquidando el valor de los salarios y prestaciones sociales a pagar al señor RAUL JAIME MARIN ZULUAGA, conforme a lo indicado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, lo que indica que las cuentas sumarían en promedio $ 450 millones de pesos.

Cabría acción de repetición en contra del ex director Gabriel Ceballos? Incurriría la entidad en un prevaricato?

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