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Iglesia católica de Urabá, denuncia presencia de “paramilitares”

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Sienta voz de protesta por el recrudecimiento del conflicto

Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, obispo de Cáritas diocesana en la región de Urabá, llama la atención de todos los líderes de la región, tomar conciencia sobre la problemática de orden social que aquejan a Urabá por “el reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, el modo atroz como silencian a reclamantes de tierras, el control bélico de las tierras, el incremento de las pandillas juveniles” y tantas otras atrocidades cometidas por grupos al margen de la ley como si nunca se fuera acabar el conflicto armado. Invitó a tomar conciencia de estas situaciones y agotar juntos las soluciones.

Este medio de comunicación, conoció que un sector gremial se reserva la opinión frente al documento de la iglesia y señalaron estar confundidos cuando “se toma como fuente recortes de periódicos de prensa donde alias manteco es el que da declaraciones a esos medios”

Mediante un comunicado muy preocupante expedido este 3 de febrero, se pregunta “cuál es el futuro para las comunidades campesinas y de las regiones que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado? Salen unos y entran otros”.

El siguiente es el comunicado

COMUNICADO PARA LA PRENSA:

La Iglesia Peregrina en Córdoba y Urabá alza su voz para expresar su asombro ante las situaciones de orden público que tienen conmocionada a las gentes de la región:
1°. La gravedad social que significa el asesinato aleve de tantos líderes sociales y personas que, en un país democrático, empiezan a formar parte de los nuevos movimientos políticos independientes, legítimamente constituidos; es inaudito que reaparezca este fenómeno que se creía ya superado.

2°. El reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan súbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las Farc en su proceso de desmovilización e implementación de los Acuerdos logrados en la Habana.

3°. El modo atroz como silencian a reclamantes de tierras (en la última semana ya son más de ocho entre líderes y reclamantes); tierras de las que fueron despojadas las comunidades, en forma fraudulenta y criminal.

4°. EL control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos y el arrasamiento del ecosistema. De esto último es ejemplo el desplazamiento de pobladores y comunidades en la zona de Ituango, frente a lo cual no hay una toma de posición humanitaria por parte del Estado.

5°. Aunado a lo anterior, el incremento de las pandillas juveniles, que están invadiendo los grandes centros urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, índice inequívoco de que estamos entrando en una macabra dinámica de delincuencia organizada que gira en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie y que acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, generando desconcierto y pánico en todos los pobladores urabaenses.

Ante estas situaciones la Iglesia se pregunta:

1. ¿Cuál es el futuro para las comunidades campesinas y de las regiones que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado? Salen unos y entran otros, “como Pedro por su casa”, cuando debería estarse asumiendo el manejo estatal adecuado de los territorios, para crear la autonomía, fruto del ejercicio constitucional de las fuerzas del Estado, justamente allí donde anacrónicamente no ha hecho presencia. ¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos? ¿Dónde queda lo de “pacta servanda?” No entendemos por qué se da esta situación, estos lamentables vacíos de autoridad. El gobierno nacional debe pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son causa fundante del descrédito que viene en aumento vertiginoso. Por lo menos la sospecha salta de inmediato.

2. De otra parte, haciendo eco al sentir social, la Iglesia expresa su dolor e inconformismo ante el juego de palabras empleado por representantes legítimos de los entes gubernamentales para denominar un fenómeno vergonzante que ha empañado a nuestras fuerzas militares y de policía, y que, como si no fuera ya luctuoso, ahora difama a toda esta feraz tierra de promisión, utilizando los gentilicios, emblema de la pujanza y honradez de sus pobladores; o dándoles identidad con los nombres topográficos, como nuestro estratégico Golfo de Urabá; o estigmatizando apellidos tan prestigiosos como el de Jorge Eliécer Gaitán, o la extensa descendencia Úsuga; o todo un grupo humano de industria y comercio reconocido a nivel internacional como el pueblo paisa. Duele porque se descubre un fondo malintencionado de “sofisma de distracción,” un mimetismo sutil para adormecer a la población con engaño. Reclamamos el fin de la estigmatización de una región, y el de llamar con otros nombres lo que todos reconocemos como paramilitarismo.

3. Frente al tema de la desmovilización y construcción de paz, nos preguntamos: ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la subregión? ¿Qué es lo que nos toca hacer en medio de una situación cada vez más desconcertante? No podemos olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y que amenaza con repetirse: la historia trágica del asesinato sistemático de tantas personas que se comprometen en un cambio social y político que, bien sabemos, se debe llevar adelante.

Es tarea de todos los líderes de la región tomar conciencia de estas situaciones y agotar juntos las soluciones.

Dado en Apartadó a los 3 días del mes de Febrero de 2017.
Mons. Hugo A. Torres Marín
Cáritas diocesana

Un sector gremial sospecha del comunicado por considerar que son lesivos a la institucionalidad cuando le “dan crédito a declaraciones de manteco”

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