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Limbo jurídico tiene en jaque a exparas

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La ley 1424 se convirtió en una pesadilla para los desmovilizados de las autodefensas que le apostaron a la legalidad y a una resocialización, después de hacer parte del conflicto armado.

Son más de 25.000 exparamilitares que han pasado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, para cumplir con sus compromisos de reintegrarse a la vida civil. Sin embargo por estos días están comenzando a recibir, por parte de las autoridades judiciales, la notificación sobre la condena que tendrán por el delito de concierto para delinquir, que significa que no podrán contratar con el Estado, tramitar tarjetas profesionales y acceder al sistema financiero. También por sus antecedentes penales, será difícil que el sector productivo les brinde oportunidades.

“Cuando estas personas (los excombatientes rasos) se desmovilizaron, lo hicieron con un marco jurídico que catalogaba el concierto para delinquir como un delito político, es decir que era ‘perdonable’. Pero la Corte Suprema de Justicia dijo que ese delito no era con fines políticos, sino uno común; el Gobierno intentó reparar esa situación pero al final salió la ley 1424, que es la que tiene en problemas a estas personas”, explica Paulo Serna, director de la ACR en Medellín.

En el año 2005, Cristina Puerta se desmovilizó con los combatientes del bloque Central Bolívar de las autodefensas y de inmediato comenzó el proceso de reintegración a la vida civil. “En Medellín iniciamos con una propuesta muy interesante que era estudiar y trabajar para reparar a las víctimas, siempre con la promesa de que nosotros no íbamos a tener implicaciones legales, siempre y cuando cumpliéramos con lo pactado”, recuerda Cristina.

Cuando esta mujer ingresó a las Auc, no había terminado el colegio, sin embargo en todo el proceso de reintegración terminó su bachillerato, hizo una técnica, asistió a varios diplomados y ya es profesional en Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín luego de salir beneficiada por la Fundación Clásico de Ejecutivos EL COLOMBIANO. A pesar de todos sus esfuerzos para cambiar y salir adelante, lleva más de un año desempleada.

“Mi condena salió hace seis meses, no he podido borrar ningún antecedente, he mandado cartas a la Procuraduría y nada”, agrega Cristina, quien ya vivió cómo en el sector público y privado la han tenido que rechazar por tener su hoja de vida tachada con el delito de concierto para delinquir. “Un empleador con mi cédula puede ver mis antecedentes, y por más preparada y dispuesta que esté, prefieren decir que no y en la parte pública, pues por ley no se puede; hasta hace poco salí de dos procesos en el Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, y en el Pascual Bravo. En pocas palabras nos jodieron”.

Sin poder enseñar
En el año 2004 y con 44 años de edad, Rafael Alarcón se convenció que, después de ser victimario, podía darle un giro a su vida, y una vez desmovilizado del bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, podía estudiar y convertirse en docente, trabajar por la sociedad desde la educación y recuperar algo del tiempo que perdió durante los años en la guerra.

Hoy ya tiene 56 años, terminó su bachillerato, obtuvo su licenciatura como docente en la Universidad de Pamplona y hoy trabaja como promotor en la ACR, sin embargo ya le llegó la citación de la Fiscalía en la que se le notifica que va a ser condenado.

“Es un golpe muy fuerte, soy funcionario y cuando me condenen es obvio que no podré seguir acá, porque es un cargo público”, afirma Rafael.

Dice también que aunque esa condena no signifique cárcel, “es como una cadena perpetua, porque nos quita oportunidades y quién sabe cómo me ubicaré otra vez, no creo que quieran recibir a un docente con antecedentes”.

Como Rafael, hay otros promotores contratados por la Agencia Colombiana para la Reintegración en Urabá, quienes creen que este año pasarán a engrosar las filas de desempleados en el país; sienten que se quedan sin ayuda para salir adelante y que solo dependerá de ellos encontrar la manera de ganarse la vida, eso sí, “sin tener que robarle nada a nadie”.

Riesgo de recaer
“De la informalidad a la ilegalidad hay un pequeño paso”, asegura Paulo Serna, quien ve con mucha preocupación que los más de 4.000 reinsertados de las Auc que hay en Medellín no tengan oportunidades.

“Acá en la ciudad el riesgo es muy alto, porque estamos entre las dos urbes del país con mayor recepción de desmovilizados, hay exintegrantes de más de 30 estructuras de las Auc”, afirma el funcionario, quien además insiste en la preocupación que hay entre las autoridades “porque esta ley 1424 puede llevar al traste todos estos años de reintegración, el riesgo de que estas personas vuelvan a la ilegalidad es latente, porque una vez fueron instrumento de guerra y es algo que llama mucho la atención a los grupos armados al margen de la ley”.

En Urabá la preocupación no es menor, allí también se cuentan por miles los desmovilizados que tienen el mismo inconveniente y que cuyo riesgo de llegar a un grupo ilegal como las bandas criminales es latente, allí las autoridades hacen un llamado al Gobierno nacional y al Congreso para que se le ponga lupa al caso.

“Este tema se tiene que revisar, no es justo que a estas personas las tengamos durante más de seis años preparándose para reintegrarse a la vida civil, llenos de esperanzas y ganas de salir adelante para que se encuentren con un muro legal que no les permite trabajar”, expresa Marcial Bejarano Allín, director regional de la ACR en Urabá.

Dice también que es muy contradictorio que en esta época se esté hablando de paz y reconciliación “y que a esta población se le esté cercenando la posibilidad de empleo, este no es un buen mensaje para el proceso de paz que hoy se adelanta con las Farc y posiblemente con Eln”.
¿Hay solución?
El Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia y otras entidades, ha intentado solucionar el limbo jurídico que tiene en jaque a los desmovilizados de las autodefensas en todo el país. Junto con la Agencia Colombiana para la Reintegración se han intentado varias reformas constitucionales, sin embargo hasta el momento la ley 1424 parece ser impenetrable.

Desde la ACR creen que son varias las rutas que podrían ser viables para la reestructuración de la ley, pero definitivamente “sin voluntad política es difícil que se logre algo”, dice Serna.

Para ese funcionario, una de las soluciones podría llegar con la firma del Acuerdo Final entre las Farc y el Gobierno, “la Jurisdicción Especial para la Paz que se creará después de la firma del Acuerdo Final entre las Farc y el Gobierno sería uno de los caminos, en esa jurisdicción se podría crear un principio de oportunidad para que los desmovilizados de las autodefensas puedan volver a tener oportunidades de empleo”.
Desde Urabá no se descarta una movilización pacífica de los desmovilizados y pedir a las autoridades competentes la ayuda para que todo regrese a la normalidad.

“Esta cuajando la idea de hacer una movilización acá en la región, totalmente pacífica, que muestre el problema que existe y que la población en general se entere y entienda lo que significa que estas personas no puedan encontrar trabajo digno. La idea es salir a las calles en julio o agosto”, agrega Marcial Bejarano.

Para Antonio Mosquera, presidente de la asociación Líder Paz, que integra a desmovilizados de las Auc, esa población está recibiendo un mensaje contradictorio en un momento en el que solo se habla de paz y reconciliación.

“Este limbo jurídico en el que nos tienen no tiene sentido, menos en la época que está viviendo el país, cuando se están haciendo esfuerzos para reintegrar a la vida civil a los demás protagonistas de esta guerra”, argumenta Mosquera, quien se cuestiona también lo que podrían pensar los miles de guerrilleros que están cerca de dejar sus armas para buscar un futuro mejor cuando se enteren cómo les cambiaron las reglas a los desmovilizados de las Auc.

“Este no es un mensaje de paz y por eso pregunto: ¿qué le puede pasar por la cabeza a un excombatiente que necesita sacar adelante a su familia y ahora se le cierran las puertas de las oportunidades?.

EL COLOMBIANO

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